domingo, 26 de julio de 2020

EL BRIBÓN


EL  BRIBÓN

Bribón es el nombre con que bautizó el rey Juan Carlos a su primer yate de competición, algo que, a la luz de las últimas noticias sobre  el tema, podemos considerar como una autodefinición y una declaración de intenciones al mismo tiempo para alguien que siempre ha entendido  su papel de Estado como un lucrativo negocio personal. Al siguiente le llamó Fortuna: el Bribón ya había prosperado.
No estuvo solo en esta tomadura de pelo masiva a la ciudadanía. Tuvo y tiene la ayuda inestimable de una prensa y unas instituciones vergonzosamente cortesanas y encubridoras de sus manejos, algo que habría que indagar y eventualmente juzgar porque los delitos son de tal calado que han sido investigados por la fiscalía suiza. Según los indicios, el rey cobraba comisiones ilegales en negocios privados valiéndose de su figura como monarca; transportaba dinero negro en aviones oficiales, en viajes oficiales, metiendo maletines a través del aeropuerto de Barajas como si se tratara de bombones Lady Godiva y contando los billetes con una maquinita en Zarzuela, como un contable de la mafia; diciéndose rey de todos los españoles y llevándose su fortuna a paraísos fiscales a lo largo y ancho del planeta (podríamos perdonar el insulto pero no el delito);  pasando por marido y padre ejemplar y pillado con una rubia dudosa de cacería en Botswana...  Y para coronar el cachondeo, en los discursos navideños pedía a la ciudadanía una ejemplaridad cuyo modelo él mismo representaba y hablaba de que la “justicia era igual para todos”,  algo que sólo cabe interpretar como un cruel sarcasmo. Ya no se puede defender esta institución sin caer en el ridículo más espantoso, y mira que los monárquicos perseveran.  Estas cosas son las que sabemos, cómo serán las que ignoramos.
Si trascendemos la anécdota, constatamos que todos esos presuntos delitos han sido posibles gracias a que el  rey ha sido y sigue siendo legalmente inviolable, constitucionalmente irresponsable. Dicho de otro modo: la figura del monarca tiene patente de corso. Y así la ha hecho valer. Los monárquicos quieren que se perdonen los “pecadillos” del emérito y que no salpiquen a la Corona (que para ellos sigue siendo ejemplar, como siempre ha sido…). Pero  ¿por qué hemos de suponer que su hijo, el rey Felipe VI, se comporta de modo distinto cuando tienen las mismas prerrogativas? De hecho, cuando el padre le legó  los 100 millones de euros de las comisiones del AVE a la Meca, Felipe VI lo supo de forma oficial en 2019 (porque así se lo comunicó un despacho de abogados británico) pero sólo lo hizo público en 2020, apantallado por la pandemia, y no por intención de transparencia sino porque  la bola de nieve era de tal magnitud que era necesario frenarla antes de que se llevara por delante el edificio de la Corona. Si los negocios turbios los heredó el yerno, sólo con un acto de fe podemos creer que no los ha heredado también el hijo, porque la transparencia de la institución sigue siendo la misma. Después de estos hechos, el hijo ha intentado desvincularse del padre, pero ¿cómo se puede hacer esto en una institución que basa su legitimidad precisamente en la filiación? Para heredar la Corona me vale el padre, para heredar  la mala prensa del uso que de ella ha hecho, ya no. Que no nos falte nunca un buen doble rasero.
No es que el rey emérito haya resultado ser un sujeto que se ha reído de España, de los españoles, de las instituciones, de su familia y del copón de la baraja, qué mala suerte hemos tenido, oye. No. Todo esto ha sido posible y lo sigue siendo porque la corona es una institución caduca, más que presuntamente corrupta, fundamentada sobre la desigualdad del privilegio de sangre, que no es electiva sino que se hereda por vía de nacimiento, que no la hemos elegido sino que se nos impuso en un trágala de la Transición como una herencia intacta del franquismo, ¿qué clase de democracia somos si permitimos la pervivencia de una institución como esta, máxime con lo que ya sabemos sobre los usos y costumbres de la Corona gracias al emérito?, ¿no deberíamos, como ciudadanía hacer valer nuestra dignidad y someter a referéndum la pertinencia en democracia de una institución de estas características?
Hemos estado representados por, según todos los indicios, un presunto delincuente fiscal ¿Lo damos por bueno, liquidando con ello los restos de dignidad que nos queden o clamamos por su procesamiento? Si lo damos por bueno aceptamos que convivan dos relatos contradictorios: el contado habla de un rey ejemplar, el real habla de un defraudador como Jefe de Estado. Ya no son medias verdades, rumores, cosas que se cuentan y de las que tenemos sospecha aunque no evidencia: ahora quedan pocas dudas. Y deberíamos poder elegir. El gobierno de coalición debe tomar una decisión  que esté a la altura del reto. Y no es fácil.


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